La Ley de Tasas Judiciales

El pasado 21 de noviembre entró en vigor la polémica Ley 10/2012 por la que se regulan las tasas judiciales que imponen la obligación de abonar una determinada cantidad de dinero para acceder a los juzgados y tribunales españoles.

La promulgación de dicha Ley ha venido acompañada de polémica desde el primer momento en el que se propuso su imposición. Aparte del rechazo casi general de toda la comunidad jurídica a las mencionadas tasas, en este artículo queremos explicar cómo funcionan y sobre todo a cuánto asciende la cantidad que habrá de abonarse para tener acceso a la Justicia.

La tasa se impone en los órdenes jurisdiccionales Civil, Contencioso-Administrativo y Social, es decir, el Orden Penal queda fuera de la aplicación de esta Ley. Con carácter general cualquier inicio de procedimiento judicial dará lugar a la obligación de pago de la misma, es decir, presentación de demandas y recursos.

EL artículo 7 de la Ley establece las cuantías:

   En el orden jurisdiccional civil:

Verbal y cambiario

Ordinario

Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal

Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales

Concurso necesario

Apelación

Casación y extraordinario por infracción procesal

150 €

300 €

100 €

200 €

200 €

800 €

1.200 €

Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.


En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado

Ordinario

Apelación

Casación

200 €

350 €

800 €

1.200 €

En el orden social:

Suplicación

Casación

500 €

750 €

2. Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

De

A

Tipo

%

Máximo variable

0

1.000.000 €

0,5

10.000 €

 

Resto

0,25


Hay que mencionar las exenciones que se establecen en el artículo 4:

La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

Llama la atención la exención en procedimientos matrimoniales donde no se excluye el divorcio, por lo que una demanda donde aparte de la guarda y custodia de los hijos menores se solicite el divorcio si estará sujeta al pago de la tasa.

Otra de las exclusiones de las que no se ha hecho mucha referencia en los diferentes medios de comunicación es la de la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo en caso de silencio administrativo, circunstancia que se da en no pocas ocasiones y puede suponer que el recurso a una multa de tráfico no tenga que abonar la tasa.

Del mismo modo los trabajadores tendrán derecho a una reducción del 60% del importe de la tasa que únicamente se deberá abonar en el caso de interposición de recursos.

Estas tasas que inicialmente debe pagar la parte actora podrá repercutirse en las tasaciones de costas, es decir, si la pretensión tiene éxito la parte que no haya visto estimadas sus pretensiones deberá abonar el importe pagado por el actor, veamos un sencillo ejemplo:

En un proceso de ejecución hipotecaria donde se solicite el abono de 200.000 euros en virtud de préstamo hipotecario, a parte de las costas judiciales, únicamente en concepto de tasa la cantidad de 200 euros por la demanda de ejecución mas un 0,5% de la cuantía del pleito, en este caso, 1000 euros lo que hará un total de 1200 euros en concepto de tasa.

 El mayor problema vendrá a la hora de plantear un recurso de apelación contra una sentencia que entendamos no es conforme a derecho o a la prueba existente; una reclamación de 7000 euros puede llevar a una tasa de 300 euros por el procedimiento ordinario mas 35 euros del 0,5%, y para el recurso será de 835 euros lo que hace un total de 1170 euros de tasa para una reclamación de una cuantía no excesivamente alta.  

 

 

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