Deudores hipotecarios: protección, reestructuración de la deuda y alquiler social

El pasado día 15 de Mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social.

          Esta Ley se ha publicado en atención a la situación grave y alarmante por la que atraviesan un gran número de familias, de amigos, de vecinos, que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual y que debido a la situación económica, financiera y social por la que atravesamos impiden que puedan cumplir con las obligaciones contraídas.

          Esta Ley se divide en cuatro capítulos: el primero de ellos sobre la suspensión de los lanzamientos; un segundo capítulo dedicado a las medidas de mejora del mercado hipotecario; el tercer capítulo sobre mejoras en el procedimiento de ejecución hipotecaria; y un cuarto y último capítulo donde se modifica el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

          En el primer capítulo se estipula la inmediata suspensión y por un plazo de dos años de los desahucios de familias que padezcan una situación de especial riesgo de exclusión. Estos supuestos de especial vulnerabilidad son los siguientes:

  1. a)Aquellas familias que tengan la consideración de numerosas, según la legislación vigente.
  2. b)Familias monoparentales con dos hijos a cargo.
  3. c)Familias en las que hayan menores de tres años a su cargo.
  4. d)Familias con algún miembro con discapacidad o dependiente.
  5. e)Familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y además haya agotado todas las prestaciones sociales.
  6. f)Unidad familiar en las que exista una persona víctima de la violencia de género.

Además estas familias tienen que cumplir unos requisitos de carácter económicos, es decir, los ingresos no pueden superar tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas a Efectos Múltiples), actualmente en 532,51 €/mes para el año 2013. Este umbral se incrementará en aquellos casos en los que algún miembro de la unidad familiar sea o conviva con personas discapacitadas o dependientes. A todo lo mencionado, hay que sumar que la familia haya sufrido una alteración significativa de circunstancias económicas en los cuatro años anteriores.

Las familias que cumplan con estos requisitos podrán impedir, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, que se proceda al lanzamiento de sus viviendas, y por lo tanto al desalojo de las mismas.

En relación al Capítulo II, los más novedoso y relevante son los intereses de demora que pueden exigir las entidades bancarias que se limitan a tres veces el interés legal del dinero cuando las hipotecas se hayan constituidos sobre la vivienda habitual, y sólo podrá aplicarse sobre el principal. También se facultan a los Notarios en aquellas ventas extrajudiciales para que puedan suspenderlas, en aquellos supuestos, entre otros, de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario.

El Capítulo III introduce modificaciones para que se garanticen de forma más adecuada los derechos del deudor. Para ello la norma establece que en los casos que tras una ejecución hipotecaria de una vivienda quedará deuda por pagar, en el procedimiento de ejecución dineraria posterior sobre el remanente existirá la posibilidad de condonar parte del pago, siempre que se cumplan con unas obligaciones de pago. Además de lo mencionado, también se han producido modificaciones importantes en el acceso de los postores a la subasta, relajándose los requisitos y avales necesarios.

Por último hay que decir que esta Ley será de aplicación en aquellos procesos judiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma. 

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