Notas sobre el procedimiento de expropiación forzosa

La propiedad privada es uno de los aspectos fundamentales de nuestro Estado de Derecho, cualquier cambio legislativo que afecte mínimamente a este derecho siempre ha creado y siempre creará polémica y una colisión entre el derecho público y el privado tal como la actual Ley de Expropiación Forzosa establece en su exposición de motivos.

La ley española de expropiación forzosa data del año 1954, lo que nos hace una idea de lo delicado que puede ser tratar estos temas en el debate político, si bien esto no es lo que nos ocupa en este artículo. Las expropiaciones deberán estar fundamentadas siembre en causa de utilidad pública o interés social, un concepto tan amplio que a quién tenga la “suerte” de verse afectado difícilmente entenderá porqué le expropian una parte de su terreno, que suele ser lo normal en las expropiaciones.

Existen dos tipos de procedimientos principales el ordinario y el urgente (la práctica totalidad de las expropiaciones se tramitan por el urgente dejando al administrado en una situación de eterna lucha contra la administración de turno a fin de poder recibir la debida contraprestación.

El procedimiento se inicia por la declaración de utilidad pública de una obra o un servicio a realizar o que va a ser instalado por la administración y posteriormente trámite de información pública y acta de ocupación, siempre necesaria para que los técnicos competentes puedan entrar en la propiedad privada con el fin requerido según el caso. En caso que el procedimiento a utilizar no sea el de urgencia será necesario determinar primero el justiprecio, en el procedimiento de urgencia esto será lo último.

Una vez determinados los bienes a expropiar la administración ofrece lo que entienden es una indemnización justa por los bienes expropiados, esta valoración el expropiado podrá combatirla aportando la llamada “hoja de aprecio” que no es otra cosa sino las alegaciones correspondientes a la indemnización propuesta y realizar de forma motivada (con un informe de perito experto en la materia) una valoración contradictoria. Dicha valoración puede ser aceptada por la administración o, lo normal, se remita el expediente al jurado provincial de expropiación que determinará un precio, contra el acuerdo del jurado únicamente cabrá el recurso ante los Juzgados del orden Contencioso-Administrativo.

Qué ocurre si la nunca se realiza la obra o nunca se instala el servicio, hay que esperar 7 años y demostrar que no se ha realizado ninguna actuación en toda la obra, cosa harto difícil pero es así, si la administración no actúa e este tiempo, pasados 5 años desde el inicio del procedimiento el interesado podrá pedir la reversión de la expropiación, si bien desde que lo pide habrá que esperar otros dos años para hacer valer su derecho, lo que suma un mínimo de 7 años tal como antes hemos expuesto.

En la práctica es muy difícil que al administrado le sean estimadas las alegaciones que formule respecto a la causa de utilidad pública declarada en la expropiación aunque puedan verse supuestos verdaderamente sangrantes como procedimientos para la ampliación de una carretera que de servicio a una zona agrícola que lo era al tiempo de iniciarse el procedimiento (que puede ser de muchos años atrás) y que en el momento de la ejecución de las obras y de las expropiaciones propiamente dichas no quede en la zona mas que chalets para uso disfrute vacacional de sus propietarios, la batalla será por las cantidades a recibir como indemnización ya que y como ejemplo, para el caso de suelo rústico no urbanizable lo que se suele ofrecer son cantidades entre 1 y 2 euros por mero cuadrado.

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *


uno + = 9

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>